Rumanía tiene un primer ministro despues de seis meses de crisis politica: estas son las promesas del Gobierno sobre pensiones, salarios e impuestos y el gran problema de su plan

Publicat: 20 10. 2026, 16:48
Actualizat: 20 10. 2026, 16:49

El programa de gobierno para el periodo 2026-2028 contempla la revalorización de las pensiones a partir de 2027, una nueva ley salarial, la eliminación de un impuesto para las empresas, la reorganización de las instituciones del Estado y la superación de los 2.000 kilómetros de autopistas y vías rápidas. Sin embargo, la aplicación de muchas de estas medidas dependerá de la situación presupuestaria.

El Gobierno presidido por Luca Niculescu está formado por 17 ministros, de los cuales 11 han sido propuestos por el Partido Socialdemócrata (PSD) y seis son independientes. El nuevo primer ministro asume el cargo en un momento difícil para las finanzas públicas. Rumanía debe reducir el déficit presupuestario, continuar las reformas acordadas con la Comisión Europea y garantizar la financiación de las inversiones, en un contexto en el que el encarecimiento de los precios ha reducido el poder adquisitivo de la población.

Aunque el programa de gobierno del gabinete de Luca Niculescu es ambicioso, la financiación de muchas de las medidas prometidas sigue siendo incierta. Los últimos meses del año suelen ejercer una presión adicional sobre las cuentas públicas, mientras el Estado debe cubrir tanto los gastos corrientes como las obligaciones de pago acumuladas.

Además, Rumanía continúa endeudándose a tipos de interés elevados, lo que encarece cada vez más la financiación del déficit y la refinanciación de la deuda pública. En estas condiciones, queda por ver cuántas de las promesas del nuevo Gobierno podrán hacerse realidad y cuántas tendrán que aplazarse por falta de fondos.

Qué promete el nuevo Gobierno de Luca Niculescu

Una de las principales promesas del nuevo Gobierno es retomar la revalorización de las pensiones en 2027, después de un periodo de restricciones presupuestarias.

«Las pensiones se revalorizarán a partir de 2027, con prudencia y dentro de la senda de reducción del déficit, mientras que los pensionistas con pensiones bajas, las familias con ingresos reducidos y los hogares afectados por el coste de la energía recibirán ayudas específicas», declaró el primer ministro durante la votación de investidura.

El programa prevé una actualización prudente de las pensiones, dentro de los recursos disponibles y respetando los compromisos de reducción del déficit. Luca Niculescu ya había anunciado su intención de dar prioridad a los pensionistas con ingresos bajos, los más afectados por la inflación y el encarecimiento del coste de la vida.

En cuanto a los salarios, el Gobierno promete reanudar las negociaciones para aprobar una nueva ley de remuneración unitaria del sector público. El objetivo declarado es eliminar las diferencias injustificadas entre los empleados públicos e introducir normas salariales más claras.

El programa también contempla la actualización anual del salario mínimo, en función de los indicadores económicos y de las consultas con los interlocutores sociales.

Cambios fiscales a partir del 1 de enero de 2027

El nuevo Gobierno promete mantener el principio del tipo impositivo único y eliminar, desde el 1 de enero de 2027, el impuesto mínimo sobre la facturación de las empresas, conocido por las siglas rumanas IMCA.

La medida se presenta como parte de un paquete de reactivación económica destinado a fomentar las inversiones y reducir la carga fiscal sobre las empresas.

«Mantenemos el tipo impositivo único, eliminamos el impuesto mínimo sobre la facturación y ponemos en marcha programas para reactivar la producción nacional», declaró Niculescu ante el Parlamento.

Al mismo tiempo, el Gobierno pretende reformar la Agencia Nacional de Administración Tributaria (ANAF), mediante la digitalización de las inspecciones, el uso de sistemas de análisis del riesgo fiscal y la mejora de la recaudación.

El programa también incluye una modificación del sistema de tributación de las propiedades, con una transición gradual hacia una valoración más próxima al valor de mercado. Este cambio podría repercutir en los impuestos que pagan los propietarios de viviendas y terrenos, aunque sus efectos concretos dependerán de la legislación que se apruebe.

Reforma de la Administración: fusión de organismos y reducción del gasto

Otra de las promesas importantes es la reorganización de la Administración pública. El Gobierno propone evaluar las instituciones públicas durante los primeros seis meses de mandato y, posteriormente, fusionar, reorganizar o eliminar las estructuras consideradas redundantes.

El objetivo es reducir los gastos de funcionamiento y simplificar los servicios que se prestan a los ciudadanos.

«El Estado reducirá primero sus propios gastos y el despilfarro en agencias y empresas públicas antes de pedir algo más a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones», afirmó Niculescu.

El programa también contempla reducir la burocracia para las empresas, con el objetivo de disminuir al menos un 25% las cargas administrativas y un 30% la duración de los procedimientos de autorización, tomando como referencia la situación al inicio del mandato.

La Policía rumana y la Policía de Fronteras, también afectadas por la reorganización

El Ministerio del Interior también prepara cambios. El programa de gobierno prevé reorganizar algunas de sus estructuras, incluidas las de la Policía rumana y la Policía de Fronteras, para reducir las duplicidades administrativas y mejorar la eficiencia.

Otra de las líneas de actuación es simplificar los servicios para los ciudadanos, incluidos los trámites relacionados con documentos, permisos de conducir y matriculación de vehículos.

Estos cambios no entrarán en vigor automáticamente con la formación del Gobierno. Será necesario aprobar normas específicas y adoptar medidas administrativas adicionales.

Rumanía quiere superar los 2.000 kilómetros de autopistas y vías rápidas antes de 2028

En materia de infraestructuras, el nuevo Ejecutivo se ha fijado el objetivo de superar los 2.000 kilómetros de autopistas y vías rápidas antes de 2028.

Para lograrlo, será necesario continuar las obras de los grandes proyectos viarios y acelerar las inversiones financiadas con fondos europeos y con cargo al presupuesto estatal.

El Gobierno también promete modernizar la red ferroviaria y mejorar las conexiones de transporte entre las distintas regiones del país.

Inversiones energéticas y explotación del gas del mar Negro

El programa de gobierno establece como objetivo desarrollar nuevas capacidades de producción energética de aproximadamente 5.800 MW antes de finales de 2027.

De esta cantidad, unos 3.600 MW procederían de fuentes renovables y otros 2.200 MW de centrales de gas.

El Gobierno también apuesta por aprovechar las reservas de gas natural del mar Negro y continuar los proyectos nucleares de Cernavodă.

El Ejecutivo considera que las inversiones en producción nacional podrían contribuir a reducir la dependencia energética y estabilizar los precios, aunque el programa no garantiza una reducción concreta de las facturas.

Sanidad, educación y ayudas a las familias

En el ámbito sanitario, el programa se centra en la prevención, el desarrollo de los servicios médicos ambulatorios y la mejora del acceso a los tratamientos.

En educación, el Gobierno promete ampliar el programa de alimentación escolar saludable, modernizar las infraestructuras educativas y continuar con la digitalización.

Entre las medidas destinadas a las familias figura el apoyo al acceso a tratamientos de fecundación in vitro, mediante un programa dirigido a un máximo de 10.000 beneficiarios al año.

Los primeros plazos del Gobierno de Niculescu

Más allá de los compromisos a medio plazo, el nuevo Ejecutivo tendrá que tomar decisiones rápidas sobre las finanzas públicas.

El PSD ha establecido varios plazos próximos como parte de las condiciones políticas para respaldar al Gobierno. Antes del 1 de noviembre se esperan aclaraciones sobre la situación del déficit, las obligaciones presupuestarias pendientes y la financiación de los servicios públicos.

Otra fecha clave es el 1 de diciembre de 2026, cuando el Gobierno se ha comprometido políticamente a presentar el proyecto de presupuestos para 2027.