Vacunas anti-COVID en Rumanía: nuevos documentos revelan el origen del litigio millonario con Pfizer
Según estos documentos, el proceso de adquisición estaba centralizado a nivel del Gobierno, y la decisión final correspondía al primer ministro. El exministro de Sanidad, Vlad Voiculescu, sostiene que su institución tuvo un papel limitado, centrado principalmente en la implementación de decisiones ya tomadas.
El sistema se basaba en el mecanismo europeo de compra conjunta establecido en junio de 2020 por la Comisión Europea. A cada Estado miembro se le asignaban cuotas de vacunas en función de su población. En el caso de Rumanía, la cuota era del 4,26%. Una vez lanzada la oferta, los países tenían un plazo de cinco días para aceptarla o rechazarla en su totalidad.
Los documentos muestran que la información sobre disponibilidad, precios y calendarios de entrega era recopilada por el representante rumano en el Comité Europeo de Vacunación y enviada al Comité Nacional de Coordinación de la Vacunación (CNCAV). Posteriormente, este organismo elaboraba informes que eran remitidos directamente al primer ministro, quien aprobaba las adquisiciones, en muchos casos el mismo día.
Las autoridades rumanas no tomaron una decisión dentro del plazo establecido
Tras la aprobación, el Ministerio de Sanidad firmaba los formularios de pedido y ejecutaba la decisión. Este mecanismo funcionó hasta mayo de 2022, cuando el CNCAV fue disuelto y sus atribuciones transferidas al Ministerio.
Otro conjunto de documentos explica cómo Rumanía terminó en conflicto con Pfizer por un contrato firmado en 2021 para la compra de 39 millones de dosis. En 2023, la Comisión Europea negoció una modificación del acuerdo que permitía reducir las cantidades, pero implicaba pagar parcialmente por las dosis no recibidas.
Las autoridades rumanas no tomaron una decisión dentro del plazo establecido, lo que llevó a la aplicación de las condiciones iniciales del contrato. Como consecuencia, el país fue demandado por Pfizer y perdió el proceso, enfrentándose ahora a pagos de gran magnitud.
El caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad política en la gestión de la pandemia y la toma de decisiones a nivel gubernamental.